De entrada, es cierto que las empresas carboníferas españolas, fundamentalmente leonesas y asturianas, precisan de ayudas para su funcionamiento. Uminsa, Coto Minero del Cantábrico o la Hullera Vasco Leonesa, entre otras, no existirían sin subvenciones. Unas subvenciones anuales, superiores a los 400 millones de euros, que autoriza Bruselas pero que financia el Estado español a través de los Presupuestos Generales del Estado y recargos en los precios de la luz que se pagan mes a mes. Sin embargo, y como primer apunte, este volumen de ayudas resulta muy inferior a los más de 6.000 millones de euros anuales recibidos en 2009, también con cargo a la tarifa eléctrica, por otras fuentes de energía, caso de las renovables. En concreto parques eólicos y huertos solares, sobretodo estos últimos. Así mismo, y en lo concerniente a la contaminación, segundo de los inconvenientes mencionados, resulta obligado constatar que el carbón extranjero también ensucia la atmósfera y sin embargo no se cuestiona su empleo para la producción de electricidad.
Parecen, por tanto, poco coherentes los motivos que se esgrimen para poner fin a la veterana industria minera. Por eso han de existir otras razones más poderosas que, sin mencionarse explícitamente, están detrás del verdadero acoso y derribo al carbón nacional. Las respuestas, a juicio de buen número de expertos en energía, hay que buscarlas en la actual configuración del sistema eléctrico español.
De manera básica, España tiene una capacidad de generación de kilowatios que duplica lo que el país es capaz de consumir incluso en horas punta, ofreciendo niveles de cobertura y de calidad de suministro plenamente satisfactorios. Esta situación de notable exceso de infraestructura eléctrica ha sido provocada por dos hechos que se gestan en la última década: la avalancha de molinos de viento y la masiva construcción de centrales térmicas alimentadas por gas natural. Obvia decir que desde el punto de vista empresarial un equipamiento infrautilizado es sinónimo de falta de rentabilidad, y muy especialmente en un sector como el eléctrico, que al ser una actividad intensiva en capital requiere de plazos de tiempo muy largos para que se amorticen sus inversiones. Ahí esta la clave. La capacidad de generación eléctrica ociosa a la que ha llegado la economía española por crecer la oferta de kilowatios mucho más que su demanda. Un fallo de la planificación energética que se comenzó a detectar en 2005, en plena euforia económica del ladrillo, y que sin embargo no fue rectificado, como cabía esperar, por los responsables políticos del momento.
Si se hace labor de hemeroteca es un testimonio muy aleccionador para la historia el diagnóstico que ese año realiza Honorato López Isla, consejero delegado en esa etapa de Unión Fenosa. Advertía el reconocido directivo sobre los efectos perniciosos que tendría para las empresas eléctricas la capacidad de sobreproducción que se estaba creando. No se le hizo caso, pese a su insistencia, pero de manera sabia el transcurso del tiempo le ha venido a dar la razón. Hoy, sencillamente, estamos pagando los excesos cometidos por dotar al sistema de más capacidad de la que racionalmente es necesaria.
Prueba inequívoca de la veracidad de la situación descrita es que las centrales de gas natural están funcionando, como reconocen las propias empresas eléctricas, a menos del 50% de su capacidad. A este nivel operativo registran pérdidas, pues fueron proyectadas para trabajar 5.000 horas anuales y lo están haciendo a poco más de 2.000 horas. Una ruina. La consecuencia, como explica Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, es que como mínimo, hasta 2020, no cabe en España ninguna central más alimentada por este tipo de combustible.
Un escenario energético que objetivamente deja sin argumentos la equivocada petición de Asturias de construir la agresiva línea de alta tensión Sama-Velilla y cinco nuevas centrales de gas natural en su territorio. Sin duda un mayúsculo despropósito que evidencia el planteamiento errático de sus promotores, extensible a la planta regasificadora de Gijón. Más aún cuando en 2011 España se conectará con Argelia a través de Almería mediante un segundo gasoducto, denominado Medgaz, que es capaz de suministrar casi el 25% del gas natural que consume la economía española. Más presión para un sistema ya muy tensionado. Cabe preguntarse, con toda modestia, qué grado de sensatez tienen los que diseñan la planificación energética del país.
Es en este panorama de saturación de equipamiento eléctrico donde se fragua el ataque a la industria minera. No hay mercado para todas las fuentes de energía y se pretende hacer más sitio para el infrautilizado gas natural eliminando el carbón leonés, asturiano, palentino y turolense. Esta es la razón de fondo y para consumarla la campaña de desprestigio ya está hecha. Fuente de energía cara y sucia, aunque esté mucho menos subvencionada que las renovables y sea igual de contaminante que el carbón importado.
Creo que de esta enésima batalla, caracterizada por la agitación social, los encierros, el impago de nóminas y los expedientes de regulación de empleo, el carbón leonés saldrá gravemente herido, tanto que la clausura de las minas será, más pronto que tarde, una cruda realidad. Ahora bien, este cierre no puede ser a cambio de nada. Es el momento de exigir con firmeza una reindustrialización más seria que la practicada hasta la fecha en las comarcas del Bierzo, Laciana y Gordón.
Para este propósito de ineludible reactivación socioeconómica, el aprovechamiento de los recursos paisajísticos, ganaderos, forestales y turísticos que atesora la Cordillera Cantábrica desempeñara un papel primordial. De ahí que su integridad y conservación en el mejor estado posible sea una prioridad a partir de ahora.
Julio Lago Rodríguez, Profesor titular de la Facultad de Económicas de la Universidad de León
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