Imagen: What's That? Who Cares!
Después de una semana pródiga de declaraciones de políticos, que más bien parecen portavoces y asalariados de promotores eólicos, queda claro que buena parte de nuestra clase política tiene un código de valores democráticos que deja bastante que desear, al pretender imponer por encima de la legalidad algunos proyectos que los tribunales sitúan fuera del marco legal vigente.
La batalla mediática que han emprendido los promotores y algunos políticos pretendiendo y consiguiendo influir en la sociedad y en el poder judicial, nos deja sorprendidos y anonadados, al no poder entender como se pretende manipular a la opinión pública, cuándo han sido precisamente los promotores y algunos políticos los que han ejercido oscurantismo en éstos asuntos que nos conciernen en estos días.
La realidad es que ahora toca pagar con servilismo institucional a todos los niveles aquella teórica generosidad y altruismo de las empresas eólicas que se instalaron en la provincia, aunque para ello sea necesario vulnerar toda la legalidad vigente. Sin embargo, es posible y necesario encaminar este sector de forma legal, aunque suponga renunciar a muchas de las ubicaciones en trámite y quizás también a una parte de los beneficios.
El Sr. Delegado de la Junta de Castilla y León en León culpa a los funcionarios de aquellas irregularidades que se pueden haber cometido en la tramitación de las autorizaciones de los parque eólicos, cómo si fueran éstos quiénes fraccionan los proyectos en fraude de ley y asumiendo funciones que no les corresponden. En el caso de que lo dicho por el Sr. Delegado fuese cierto deberían abrirse los expedientes oportunos al personal vinculado a los proyectos eólicos, o bien dimitir el Sr. Delegado por manifiesta incompetencia para hacer cumplir al personal de la Delegación sus funciones, de la que es el máximo responsable. Lo que no puede hacer el Sr. Fernández es acusar al colectivo de funcionarios de no realizar sus funciones sin pruebas, y pretender descargar sobre ellos una serie de responsabilidades que afectan a cargos políticos de la Junta de Castilla y León y que nadie hasta el momento ha asumido.
De los responsables políticos se exige no solo ser honrados, sino también parecerlo, y echar la culpa a otros, ¿que no le hacen caso? evidencia una falta de honradez hacia los trabajadores de la Delegación, que cumplen en todo caso órdenes políticas de quién precisamente les acusa de dejadez en sus funciones.
Las medidas genéricas anunciadas por el Sr. Delegado, son ¿formales? y tiran balones fuera a la espera de que los abogados de la junta encuentren algún argumento para que algo cambie en la superficie y todo siga igual en el fondo. Pero lo cierto es que es necesario un cambio radical en el planeamiento de infraestructuras eólicas, que respete la legalidad y el medio ambiente, poniendo especial cuidado en las zonas protegidas y de interés, y racionalizando por tanto la producción energética eólica.
Si el Sr. Delegado quiere ordenar el proceso eólico, no se debe limitar a limar aspectos formales, sino encabezar una reordenación que pasa por establecer una moratoria eólica (reiteradamente solicitada por las ONG conservacionistas) en la provincia de León y generar una mesa de trabajo con representación de todos los colectivos implicados que ponga orden y concierto en el actual caos, provocado precisamente por la Administración regional. Desde aquí nos ofrecemos a participar en todas aquellas iniciativas que se planteen en este sentido, siempre desde el respeto a la legalidad y a la protección del medio ambiente.
No obstante, los colectivos conservacionistas, a pesar de que la Junta promete (ya veremos si cumple) una paralización temporal de los procesos eólicos, continuaremos con las acciones legales y administrativas que correspondan, para mantener la legalidad y la protección del medio ambiente en nuestra provincia de León.
GEDEMOL
URZ
A Morteira
Ecologistas en Acción
Filón Verde
Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica
Plataforma para la Defensa de Gistreo
Tyto Alba
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