«Falta valor para aplicar las leyes medioambientales»

Ana María Martínez Olalla, ayer, en su intervención en el curso sobre

contaminación. JAVIER QUINTANA

La clausura del curso de verano sobre contaminación electromagnética y acústica y de calidad de vida organizado en León por la Fundación Universidades Castilla y León y la Junta de Castilla y León contó ayer con la presencia, entre otros, de ponentes del mundo de la judicatura, como el asesor del Procurador del Común, José Miguel Rodríguez Torbado, el fiscal de sala de Medioambiente de la Fiscalía General del Estado, Antonio Vercher Noguera y la presidenta de la sección segunda de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana María Martínez Olalla, que abordó la respuesta de la jurisdicción contencioso-administrativa a los litigios medioambientales.

Una sentencia suya ha dejado en suspenso la instalación de doce parques eólicos en las montaña de León. ¿en qué momento está el trámite?

No me puedo pronunciar porque hay muchos asuntos que no están resueltos y creo que no debo adelantar ningún criterio en este tema. Hay algunos que tienen medidas cautelares y otros resueltos con recursos de apelación. Estamos pendientes de resolver recursos.

¿Es necesario recrudecer la legislación medioambiental y eléctrica? ¿Convendría una nueva planificación?

Todo el tema medioambiental es muy complejo. Concurren muchas normativas y muchos intereses y es difícil armonizar todo. Lo fundamental es que los poderes públicos tengan la preocupación por planificar y coordinar todos los intereses que concurren, valorarlos y no actuar sobre hechos consumados, sino que la administración, velando por los intereses generales, fije los lugares y la forma en que se pueden llevar a cabo, de manera más clara. Hay suficiente marco normativo para atender a todas esas necesidades.

¿Cuáles son las infracciones medioambientales en las que destaca León?

León es una provincia bastante litigiosa con el medioambiente y son muy interesantes las denuncias relativas a las canteras, los parques eólicos, las Directrices de la Ordenación del Territorio y San Glorio, que está recurrido en casación.

Los pirómanos cometen un delito medioambiental ¿convendría aumentar las penas?

No me meto en materia penal. Creo que es más fácil que se aplique la legislación, que sea efectiva, lo que pasa es que se dictan resoluciones que no se cumplen. En contaminación acústica, por ejemplo, los ayuntamientos sancionan, pero no ejecutan. No es necesario aumentar las penas, hay que investigar y aplicar la ley.

¿En qué momento falla el proceso para que no se aplique la ley?

Falta valor para aplicar la ley.

¿Por parte de quién?

De todos los implicados. En cada fase del proceso siempre hay alguien que mira para otro lado, que rompe la cadena.

¿Cuál es la razón?

Hay muchos intereses y es muy difícil. Por poner un ejemplo, es más incómodo reñir a un niño y no permitirle ver la televisión que dejarle y no nos moleste. No resulta rentable ejecutar algunas sentencias, pero a largo plazo las generaciones futuras lo agradecerán.

¿Quiere decir que tenemos una legislación estupenda que pocos respetan?

Tampoco digo que sea estupenda, es una ley compleja. Lo principal en materia ambiental es la concienciación y la educación ciudadana. Hay que exigir a las administraciones que cumplan la normativa, que vigilen si las estaciones base tienen licencias o no. A los políticos responsables hay que exigirles que eviten, planifiquen y corrijan con efectividad para que los tribunales no se colapsen con denuncias y que cuando se dicten sentencias se ejecuten. Todos tenemos que hacer un esfuerzo mayor para cumplir la legislación en materia medioambiental, es un problema de conciencia cívica y democrática. Lo que digo es que se cumpla la ley para que valga la ley y valgan las instituciones. Que se cumplan las decisiones que toman tanto de la administración como la justicia.

¿Cómo se conseguiría ese objetivo?

Con coordinación y respeto institucional. Que cada uno respete su ámbito y si el tribunal dicta una resolución, que se cumpla, y que sea la administración la primera en ejecutar las sentencias. En definitiva, respeto institucional, conciencia cívica, estado de derecho y educación, eso es lo que hace falta.

Carmen Tapia / León 17/09/2009
DIARIO DE LEÓN