Posición conservacionista ante la llamada “ruina eólica” y la destrucción de un empleo inexistente.

Noceda por Yaiza Rollón

Este Verano, y en contra de todo tópico periodístico sobre la falta de noticias, ha resultado abundante en informaciones, en diversas direcciones, sobre el futuro de las montañas de la provincia de León. Gran parte de esto es debido a la importante, y no recurrible, sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que dictó que la Administración Regional ha otorgado autorizaciones administrativas contrarias a la Ley en materia eólica. Una sentencia de la que se deberán buscar las correspondientes responsabilidades políticas y funcionariales, y que a día de hoy no se han producido.

A estos colectivos siempre se nos acusa de decir que no, por sistema, e ir en contra del progreso. Pero lo cierto es que los únicos que desde los años 70 han hablado de energías renovables, cambio climático y desarrollo sostenible han sido precisamente los colectivos conservacionistas y ecologistas; a ver quién es el que va retrasado en estas cosas. Energías renovables POR SUPUESTO, pero siempre que no afecten a espacios naturales protegidos y de interés y, por supuesto, no contravengan la legalidad. Esa es nuestra posición inequívoca: el empleo y el dinero no puede estar por encima de la legalidad y el porvenir de nuestros pueblos.

Debido a este precedente surge a continuación la necesidad por parte de los promotores eólicos de justificar ante la sociedad el incumplimiento de la legalidad por su parte, copando grandes titulares con cifras económicas y de empleo con intención de manipular a la opinión pública. Se trata por tanto de la más reciente versión del Cuento de la Lechera, mientras la población sigue sin disponer de datos reales y fehacientes de empleo e impacto económico directo.

El dinero que se supone que los pueblos van a percibir por dar cobijo en sus montes a torres eólicas (según datos publicados unos 3.000 euros anuales por torre, en el mejor de los casos) y suponiendo una media de 10 torres por junta vecinal nos dan 30.000 euros anuales. Esto supone 0,086% anual de ingreso directo sobre una estimación media de inversión de 35 millones de euros (Ej: inversión estimada Parque Eólico Quintana con 27 aerogeneradores). Esto hace que en los 20 años de vida de media de un proyecto el pueblo recibiría ingresos del 1,71% de total de la inversión. Estos datos, de ejemplo, dan cuenta del suculento negocio eólico para los promotores y la ruina para nuestros pueblos. En los actuales costes de la administración pública para cuánto dan 30.000 euros: ¿para contratar medio funcionario? ¿Cuantos metros de calle podemos construir? ¿Cuantos muros de edificio y tejados podemos levantar? Hablamos de cantidades que no van a cambiar la calidad de vida de nuestros vecinos, a cambio de una explotación masiva y exclusiva de nuestros montes, que provocarán la destrucción del atractivo natural de nuestros pueblos, ocasionando una pérdida de una fuente de empleo real como es el turismo rural, la explotación cinegética y el aprovechamiento forestal.

¿Qué intereses albergan los políticos y promotores eólicos que defienden estos proyectos en contra de la legalidad? ¿Por qué si hay más de 100 proyectos de parque eólico en nuestras montañas de León apenas hay información sobre los mismos? ¿Por qué han actuado hasta ahora los promotores casi a escondidas (Ej: Espina y Valdesamario) y ahora aparecen en los grandes titulares como salvadores de nuestros pueblos e industriales ejemplares, clamando contra la ruina de sus empresas?

Lo cierto es que las empresas industriales del negocio eólico arrastran desde hace muchos meses su crisis, sin necesidad de sentencias contrarias a sus parques en la provincia de León, en línea con la situación económica actual y del sector energético en particular. Los ERES que dichas empresas han presentado, hace ya varios meses, no obedecen a una falta de demanda interna, sino más bien a una desastrosa política de implantación, basada en subvenciones que alguien debería explicar, y a una falta de planificación empresarial que quizás se ha aprovechado de la crisis para reducir plantilla, como están haciendo otros sectores afines al estilo del pelotazo. ¿Para conseguir fijar ese empleo del sector eólico tendremos que estar eternamente instalando parque eólicos en la provincia? Va a ser que para tanto tiempo nos salimos. Por lo tanto pretender hacer responsables a estos colectivos de la “ruina” del sector es precisamente una acción ruin y una manipulación indigna en una sociedad democrática.

Pese a la falta de información y oscurantismo de las diversas administraciones y del sector empresarial nuestra prioridad sigue siendo la defensa de las montañas de León, de su desarrollo y explotación económica sostenible, de la población que habita en estos espacios y, por supuesto, de todas las especies que en ella habitan.

Mantenemos nuestro compromiso con la sociedad de defensa del medio ambiente y la posibilidad de dejar una Tierra, y un pequeño cacho de la misma como es la provincia de León, como una herencia digna y habitable para las futuras generaciones. Si para ello tenemos que acudir a la Justicia, acudiremos; si para ello tenemos que manifestarnos, nos manifestaremos; tengamos lo que tengamos que hacer, aquí estaremos.

GEDEMOL

URZ

A Morteira

Ecologistas en Acción de León

Filón Verde

Plataforma para Defensa de la Cordillera Cantábrica

Plataforma para la Defensa de Gistreo

Tyto Alba