La Junta inmoviliza el negocio eólico en León hasta que sus abogados aseguren que es legal
El delegado llevará la batalla al Supremo, ordena revisar 17 parques eólicos y anuncia que no se evaluarán más
23/08/2009 Marco Romero | León
DIARIO DE LEÓNLa Delegación Territorial de la Junta en León ha paralizado la maquinaria administrativa y no realizará, de momento, ninguna nueva evaluación de impacto ambiental sobre proyectos de parques eólicos promovidos en las montañas de la provincia, según anunció el titular de esta institución, Eduardo Fernández, durante una profunda entrevista en la que aborda las claves de la controversia judicial que gravita sobre las autorizaciones que se están concediendo a estas instalaciones industriales. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León anulaba hace escasas semanas la autorización del parque Murias II, porque consideraba que la fragmentación de proyectos eludía la normativa ambiental y eléctrica, y pocos días después caían en cadena de forma provisional otras tres redes de aerogeneradores previstas en Omaña, La Cepeda y Alto Bierzo en aplicación de la doctrina establecida por magistrados del mismo tribunal.
Los servicios jurídicos de la Delegación Territorial concretan ahora los argumentos jurídicos para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la resolución dictada por los jueces del TSJ en junio de este año. «Una cosa es la técnica medioambiental, que estamos dispuestos a mejorar si se nos pide, y otra la controversia jurídica. Por eso estudiamos ir al Supremo en interés de ley, es decir, para que unifique la forma de interpretar una norma. [...] Aquí lo que merece la pena es la interpretación jurídica de cómo tienen que hacerse esas tramitaciones», indicó Eduardo Fernández, quien desgranó, una a una, las principales incógnitas sobre el futuro del negocio eólico en este momento crítico.
Por fragmentarSi la Justicia obliga a la Junta a planificar el negocio eólico se suspenderán todos los expedientes en tramitación
Es la clave del asunto. «La ejecución de la sentencia, en lo relativo a la fragmentación ocasiona al menos dudas de cuál debe ser el procedimiento para evaluar estos espacios», admite el delegado territorial. Fragmentación, a tenor de la sentencia del TSJ, es evaluar, uno a uno, los proyectos de nuevos parques sin tener en cuenta el resto de instalaciones que ya operan u operarán en el futuro en ese entorno. «Es complejo solucionar ese asunto». Argumenta que cuando los promotores presentan sus proyectos no se sabe si dentro de un año o de cuatro otra empresa solicitará otra autorización, por lo que interpreta que la sentencia obliga a partir de ahora a la Administración a hacer una planificación previa. «De ser así, habría que parar todos los procedimientos tal y como los tenemos en este momento. No por nosotros, sino tal y como los han pedido los propios promotores». El papel de la Junta, hasta este momento, consistía en comprobar los aerogeneradores, los circuitos hasta la primera subestación y las pistas de acceso. «Todos esos aspectos son los que se miraban en las declaraciones de impacto. Y lo hacíamos parque a parque».
Ley para macroproyectos«Es necesaria una ley que guíe a la administración y marque los límites a los promotores»
Las tramitaciones de parques eólicos dependen de las consejerías de Economía y Empleo, en lo energético, y de Medio Ambiente, en lo relativo a las evaluaciones de impacto. Lo que han avanzado los servicios jurídicos de la Junta va en esta vía: «Tener en cuenta espacios globales como los que se indican en la sentencia tendría que venir ordenado por una norma con rango legal», opina Fernández. «Una ley -matiza- que nos sirviera, primero, de guía a la administración y, después, que marcase los límites a los promotores, que es el tema fundamental». Ésa es la argumentación jurídica sobre la que la asesoría quiere recurrir.
Parques en proyectoEl delegado advierte a los empresarios quea acaten las órdenes de paralización para evitar la actuación del fiscal
El delegado territorial asegura que la orden de paralización de las obras del parque eólico de Valdesamario fue firmada y notificada a la empresa hace escasos días, aunque la Guardia Civil ha recibido noticias de que las obras continuaron, sólo por unos días. En tono tajante, Fernández dijo: «La empresa debe saber, porque nos pasa con relativa frecuencia, que enviamos una segunda orden de paralización y, si no hace caso, remitimos el caso al fiscal». «De eso hay infinidad de ejemplos, desgraciadamente». La notificación también se hace a los ayuntamientos porque los proyectos están en construcción y es de su competencia, como ocurre a menudo con los cielos abiertos de Villablino. «Si se tratara de una instalación que ya funciona, al tener competencias en materia de inspección, se corta la actividad y punto, pero en este caso tienen que ser los ayuntamientos».
El Bocyl en los últimos díasMedio Ambiente e Industria olvidaron publicar en el 2006 las autorizaciones de Curueña I y Salce. Se publican ahora para evitar su anulabilidad
El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado dos semanas consecutivas las resoluciones que autorizan dos parques eólicos en Omaña, uno de ellos, el de Salce, suspendido cautelarmente por el TSJ. Según Fernández, tras la sentencia del citado tribunal, se están revisando los expedientes de todos los proyectos en tramitación y es cuando los técnicos de Industria y de Medio Ambiente se han dado cuenta que las resoluciones de Curueña I y Salce, autorizadas ya en el 2006, no habían sido publicadas en el Bocyl, paso obligatorio para evitar la nulidad del expediente. «Me cuentan que esto obedece a una cierta controversia entre la Dirección General de Minas y el Servicio Territorial de Industria, entre los servicios centrales y los periféricos».
Para terminar, un ejemplo de como algunos periodistas entienden el comunicado publicado en la anterior entrada de este blog:
De todos modos y ante nuestras quejas, ayer en la sección tribuna fue publicado nuestro comunicado anterior:
.gif)
.gif)
